En el contexto de crisis económica al que se ha enfrentado la sociedad española en los últimos años, uno de los principales obstáculos para la integración de la población extranjera ha sido el recorte sus derechos económicos y sociales, entre los que destaca el acceso a la asistencia sanitaria. El alcance e impacto de estas restricciones se analizará el próximo martes 21 de abril en el seminario “El derecho a la salud: entre la universalidad y la exclusión”, impartido por Carlos Lema, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, y Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana.

La profesora Ángeles Solanes, responsable del derecho a la salud en el comité técnico del II Plan de Derechos Humanos del gobierno español, moderará esta actividad abierta al público a las 10.30h, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. El seminario se enmarca en el Ciclo sobre conflictos, multiculturalidad y políticas públicas: casos prácticos, organizado en el marco del proyecto de I+D “Derechos Humanos, sociedades multiculturales y conflictos”.

Carlos Lema ha publicado varias monografías sobre derechos sociales, salud y bioética, tales como Apogeo y crisis de la ciudadanía de la salud (Dykinson, 2012), Salud, Justicia, Derecho. El derecho a la salud como derecho social (Dykinson, 2009); Antes de Beatriz. Cuestiones de legitimidad y regulación jurídica en la selección de sexo, (Comares, 2003) y Reproducción, Poder y Derecho. Ensayo filosófico-jurídico sobre las técnicas de reproducción asistida (Trotta, 1999). Su intervención pondrá de manifiesto que elderecho a la salud aparece recogido en la Constitución española de 1978, aunque no con la formulación y las garantías que hubieran sido acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho se ha desarrollado legislativa, institucional y organizativamente con el resultado de la creación de un Sistema Nacional de Salud que ofrece prestaciones con carácter tendencialmente universal e igualitario, constituyéndose en un servicio público de calidad cuya gestión recae en gran medida en las Comunidades Autónomas. Las carencias percibidas en el servicio se deben a una infradotación respecto a los países más avanzados del entorno, producto todavía del déficit social que se arrastra desde la dictadura y que se manifiesta especialmente en las desigualdades de salud. Agravando sus problemas, las privatizaciones y recortes que empiezan a sentirse están sometiendo a graves tensiones a los principios de universalidad e igualdad y suponiendo un deterioro del propio derecho a la salud. Particularmente la erosión de la universalidad del derecho a la salud, puesta en cuestión por el Real Decreto Ley 16/2012, tiende a disolver su sentido como derecho, pues va contra el sentido histórico de un Sistema Público de Salud y degrada el significado del derecho. Ello supone una ruptura ilegítima con los principios de universalidad e igualdad que prefigura un cambio de modelo respecto al que se ha venido desarrollando desde la Constitución, con graves consecuencias para este derecho.

Rafael Sotoca actualmente es médico responsable de atención a la cronicidad en el Departamento de Salud de Manises. Anteriormente ha trabajado como asesor de información sanitaria en el Ministerio de Sanidad y director funcional de diseño de sistemas de información de hospitales de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. También ha sido jefe de misión y coordinador médico para Médicos Sin Fronteras en Argentina, Colombia y Albania. En su ponencia, subrayará que se acaban de cumplir los 3 años del Real Decreto 16/2012 o de exclusión sanitaria. Desde entonces, miles de personas han perdido o han tenido barreras de acceso para ejercer el derecho esencial a la salud del que deberían disfrutan y que además financian. La medida, errónea, aplicada sin el necesario debate político, sin memoria económica y sin el acuerdo de las Comunidades, supuso un antes y un después en la  trayectoria histórica hacia la universalización de la Sanidad española. Al mismo tiempo, suscitó una reacción de la sociedad civil liderada por los grupos mas sensibilizados con los aspectos sanitarios. Como se reconoció en esta misma sala al inicio del verano de 2012 por el profesor Ildefonso Hernández: "Aun no hemos salido del estado de shock". La respuesta organizada fue consolidándose hasta crear redes de alto valor político. En la Comunidad Valenciana, Médicos del Mundo, la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia y Caritas Diocesana ponen los cimientos de ODUSALUD, Observatorio del Derecho Universal a la Salud, que se ha convertido en una de las redes ciudadanas de referencia por la recuperación de la universalidad del derecho. En la actualidad ODUSALUD ha publicado 9 informes y ha denunciado más de 1000 casos documentados de vulneración del derecho a la salud en la Comunidad, incluidas las barreras a decenas de menores. Pero quizá el dato mas sorprendente de la actividad del Observatorio es que ha podido concretar la adhesión al mismo de 78 entidades civiles de la Comunidad, desde ONG a colegios profesionales, asociaciones de barrio o de pacientes...La sociedad civil organizada es capaz de modificar la agenda política y por tanto de proponerse objetivos de cambio social.

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